Ampliación del espectro de la responsabilidad penal para personas jurídicas como mecanismo de protección a los derechos del consumidor en Colombia

dc.contributor.advisorMartínez Artunduaga, Arlex
dc.contributor.authorBriceño Bernal, Diana Carolina
dc.contributor.authorDomínguez Pulgarín, Blanca Inés
dc.coverage.cityTuluáspa
dc.coverage.spatialTuluá, Valle del Cauca, Colombiaspa
dc.date.accessioned2023-08-08T16:14:02Z
dc.date.available2023-08-08T16:14:02Z
dc.date.issued2017
dc.descriptionilustraciones, gráficos, tablasspa
dc.description.abstractDesde el origen mismo del derecho, se ha debatido el tipo de responsabilidad endilgable a las hoy conocidas, personas jurídicas; en principio el Estado de Roma no admitió la idea de la responsabilidad penal para las personas jurídicas, con base en el principio societas delinquere non potest1, no obstante a finales del siglo XVIII esta posición varió y se admitió que estos entes fictos podrían tener la capacidad para delinquir. Posteriormente, Savigny a través de su teoría de la ficción, estimó que este tipo de responsabilidad sólo es atribuible a las personas naturales, rechazando a las personas jurídicas como entidades trasgresoras de la normatividad penal. Iniciando el siglo XX, Franz Von Liszt, insistió en que éstas pueden ser instrumentalizadas para delinquir2. Para la década de 1980 Dinamarca, Noruega y Suecia, implementaron normas de carácter penal para ser aplicadas a las personas jurídicas que fueren catalogadas como peligrosas; posteriormente, entre los años 1990 y 1991, en países tales como Suiza, Bélgica, Hungría y Polonia, se radicaron proyectos de Ley con la misma finalidad; en 1994 y 1995 acogieron esta posición Francia y Finlandia, Naciones que adoptaron reglamentación para responsabilidad general de las sociedades. En Colombia, se ha demarcado un interés histórico para dar cabida a la aplicación de sanciones penales a las personas jurídicas, liderando la lista de propuestas y disposiciones, el proyecto de Ley presentado por el Consejero de Estado Demetrio Porras en el año 1988 como propuesta del Código Penal, así como los proyectos de Ley de 1976 y 1978, el artículo 26 de la ley 491 de 1991 declarado inexequible mediante sentencia C-843 de 199 y por la cual se dio apertura a la discusión sobre la necesidad de implementar este tipo de responsabilidad en tratándose de personas jurídicas3. 1CARDENAS ANZOLA Cristian Gabriel. Configuración de la responsabilidad penal en las personas jurídicas. Tunja. Revista Iter ad. Veritatem. No. 12. 2014. P 138. Disponible en http://revistas.ustatunja.edu.co/index.php/iaveritatem/article/view/915 2WIKIPEDIA. Responsabilidad Penal. Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_penal. 3AA.VV. Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas: una Omisión Legislativa, Proyecto de Investigación, Pereira Risaralda, Universidad libre. P. 7-31. 2 En la actualidad, pese a que en el Código Penal Colombiano -Ley 599 de 2000- no se establece responsabilidad penal para las personas jurídicas, el artículo 91 del Código de Procedimiento Penal y canon 34 de la Ley 1474 de 2011, se contemplan medidas de carácter definitivo por medio de las cuales se sanciona a estas entidades por su participación dentro del actuar delictivo de las personas naturales4. Ello permite concluir que, si bien en Colombia existe reglamentación sobre la materia, la misma lo es de manera tímida, fragmentada e inconsistente frente a las sanciones penales aplicables a este tipo de organizaciones. Ahora bien, en los últimos años, se ha presentado en Colombia una serie conductas de reprochables por parte de varias sociedades, defraudando los derechos de los consumidores; tal es el caso de los llamados “Carteles”, en los cuales se evidencia una trasgresión a las garantías de los compradores de productos tales como cuadernos, pañales, azúcar, entre otros. Esta forma de actuar no sólo ha dado apertura al debate frente a la necesidad de ampliar el espectro de la responsabilidad penal para las personas jurídicas en Colombia, sino que además, ha dejado entre la comunidad una sensación de injusticia, pues, sólo es posible aplicar a estas sociedades, multas derivadas de un proceso administrativo, dejando de lado a los consumidores como víctimas directas de las conductas desarrolladas por estas ficciones. Teniendo en cuenta lo anterior, se observa el gran problema frente a las limitaciones legislativas actuales, que no sólo desconocen los derechos de los consumidores como víctimas del actuar de las personas jurídicas, sino que además, imposibilitan la aplicación de la norma penal a estas ficciones; surgiendo como pregunta de investigación: ¿Es pertinente la ampliación del espectro de la responsabilidad penal para las personas jurídicas como mecanismo de protección a los derechos del consumidor en Colombia?. Para dar respuesta a tal interrogante, dentro del presente trabajo se desarrollarán dos secciones, el CAPITULO I. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN COLOMBIA, a través del cual se estudiarán los planteamientos 4 ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO. Compilación de leyes sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas de los Estados signatarios de convenciones internacionales contra la corrupción. P12. Disponible en http://www.oas.org/juridico/PDFs/enc_compilacion.pdf. 3 jurídicos que en el ámbito constitucional, sustancial, procesal y jurisprudencial han efectuado el Congreso de la República y las Altas Cortes sobre la aplicación de la responsabilidad penal a las personas jurídicas y, el CAPITULO II. CARTELES EMPRESARIALES EN COLOMBIA. Mediante el cual se expondrán las concertaciones irregulares que se han presentado en el país y que han defraudado el patrimonio de los consumidores, usuarios e incluso del propio Estado; así como las acciones y sanciones aplicadas en cada caso.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameAbogado (a)spa
dc.description.tableofcontentsINTRODUCCIÓN. / CAPÍTULO I / RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN COLOMBIA / 1.1. SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE LA PENALIZACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS / 1.1.1. Sentencia C-510 de 1997 / 1.1.2. Sentencia C-320 de 1998 / 1.1.3. Sentencia C-843 de 1999 / 1.1.4. Sentencia C-558 de 2004 / 1.2. DISPOSICIONES SUSTANTIVAS PENALES APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS / 1.2.1. Proyecto de Código Penal Colombiano 1978 / 1.2.2. Decreto 2919 de 1982 / 1.2.3. Ley 57 de 1993 / 1.2.4. Ley 491 de 1999 / 1.2.5. Ley 599 de 2000 / 1.3. MECANISMOS PROCESALES DENTRO DEL ESQUEMA DE PENALIZACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS / 1.3.1. Ley 600 de 2000 / 1.3.2. Ley 906 de 2004 / 1.3.3. Ley 1474 de 2011 / 1.3.4. Ley 1778 de 2016 / CAPÍTULO II / CARTELES EMPRESARIALES EN COLOMBIA / 2.1. CARTELES EMPRESARIALES FRENTE A LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES / 2.1.1. Cartel de la contratación / 2.1.2. Cartel del azúcar / 2.1.3. Cartel del papel / 2.1.3.1.Cartel de los cuadernos / 2.1.3.2.Cartel del papel suave / 2.1.3.3.Cartel de los pañales / 2.1.4. Cartel de la Salud / 2.1.4.1.Cartel de la hemofilia / 2.1.4.2.Cartel del síndrome de Down / 2.1.4.3.Cartel de los medicamentos / 2.1.5. Cartel de la Chatarrización / 2.2. CARTELES EMPRESARIALES Y LA CORRUPCIÓN POLÍTICA / 2.2.1. Cartel de la contratación / 2.2.2. Cartel de la salud / 2.3. CARTELES EMPRESARIALES Y DERECHOS MEDIOAMBIENTALES / CONCLUSIONES / BIBLIOGRAFÍAspa
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