Restitución de tierras en zonas de reserva forestal: Tensiones entre los derechos de los desplazados y el medio ambiente

Abstract

Colombia ha vivido, desde sus inicios como República, diferentes tipos de conflictos armados, sobre todo internos de carácter civil, que han tenido como escenario principal los campos del país, dejando como víctimas primarias a las familias campesinas, que han tenido que abandonar sus tierras rumbo a los centros urbanos para huir de la violencia rampante en sus territorios. El nacimiento del fenómeno del desplazamiento forzado está caracterizado por el uso de la fuerza de las armas por parte de los actores del conflicto en contra de las familias campesinas, obligándolas a salir de sus territorios y adueñándose de los mismos. Este fenómeno trajo múltiples consecuencias tanto para los campos como para los centros urbanos, pues ni los primeros estaban teniendo producción económica y agraria suficiente para el sostenimiento del país, como las segundas no estaban preparadas para el crecimiento demográfico que ocurrió con el desplazamiento de las familias campesinas. Los gobiernos colombianos, como forma de darle solución a estas problemáticas, han adelantado en la historia reciente del país diferentes procesos de paz que han traído como resultado el desmonte de diferentes grupos al margen de la ley, sin que esto quiera decir que se han solucionado las problemáticas del conflicto o que este haya cesado su impacto social, pero que ha permitido la recuperación de grandes extensiones de territorio que se han destinado, a partir de la expedición de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, para la restitución de las familias campesinas, en aras que estas puedan recuperar sus espacios perdidos y rehacer su estilo de vida con calidad. Sin embargo, los desplazamientos de las familias víctimas ocurrieron, en muchas ocasiones en zonas que, por mandato legal, son consideradas como de reserva forestal o que, con posterioridad al desplazamiento, se decretó que la zona habitada por la familia campesina afectada fuese considerada como de reserva 8 forestal, complicando ello las tareas de restitución, pues al interior de estas zonas reservadas no pueden existir asentamientos humanos. La polémica radica en que las víctimas de desplazamiento no pueden inscribir en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas terrenos que, según las propias víctimas aducen, les fueron arrebatadas y que pertenecen al mismo tiempo, a zonas protegidas o Parques Nacionales, lo que implica que no se cumpla con el requisito fundamental de la acción restitutiva. Según el Decreto 440 de 2016 del Ministerio de Agricultura, las víctimas reclamantes no podrán iniciar procesos de restitución ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para la reparación de sus derechos cuando se trate de terrenos ubicados en zonas de reserva forestal o Parques Naturales, así las víctimas hubiesen ocupado aquel territorio con anterioridad a que fueran considerados como de reserva o los hubiesen ocupado ya estando protegidos por la ley ambiental y después desplazados. En todo caso, la problemática, entre otras cosas, radica en las tensiones que se generan al momento de la protección de ambos tipos de derechos.