Caracterización de los casos de violencia sexual denunciados y en indagación en el municipio de Buga Valle del Cauca 2011 a 2012

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La magnitud de la violencia sexual tanto en la cantidad de personas a las que afecta como a la repercusión que tiene para su vida, hacen de ese fenómeno un problema social de carácter mundial. Colombia no ha sido ajena a este fenómeno y de Suramérica es uno de los países con mayor índice de agresiones sexuales. Según un informe de la Fiscalía, en los primeros diez meses del 2012 se asignó a la unidad de delitos sexuales 3.343 casos, y solo 287 concluyeron en sentencia condenatoria. El alarmante informe señala que habría un sub registro de los casos relacionados con mujeres, pues muchas no denuncian las agresiones. De los casos denunciados, dice el informe, 293 correspondían a personas que no tenían la capacidad para resistirse a la agresión, 95 fueron víctimas de acoso sexual, 21 fueron inducidos a la prostitución, 18 denunciaron por tráfico y trata de personas y 53 por acciones contra la libertad sexual. Según cifras de Medicina Legal, en los últimos nueve años se han incrementado los exámenes médicos practicados por presunto abuso sexual; en el año 2002 fueron 14.421 casos, en el 2011 se practicaron 22.597 exámenes sexológicos forenses a presuntas víctimas de delito sexual, 11% más que en el año 2010 y de los cuales 17.628 exámenes médico legales por presunto delito sexual fueron a menores de edad en Colombia. Bogotá y los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca registraron las cifras más altas. Así, para la capital del país se realizaron 3.783 exámenes, en Medellín, Antioquia, 1.946 y en el municipio de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, 1.496. Aunque no se sabe en realidad, cuántos casos se presentan a diario en el país, algo si es evidente: Los altos niveles de impunidad frente a este flagelo que agobia al país. En el siguiente trabajo se pretende reflexionar, de manera crítica, en torno a las cifras de este tipo de delitos y los casos encontrados en el municipio de Buga comprendidos entre el periodo 2011-2012 que fueron archivados o aquellos que llegaron al vencimiento de términos, y con un estudio detallado de cada caso se analizará si estos tuvieron una buena gestión del proceso. Teniendo en cuenta que ante el incremento de los delitos sexuales, las instituciones que trabajan en este tema deben disponer de un proceso integral validado para la atención a las víctimas de delitos sexuales bajo la estrategia interdisciplinaria, intersectorial e interinstitucional y si estos casos presentaron en su momento un apoyo en informes técnico forenses de Procesos Periciales Integrales que como se indica en el reglamento técnico para el abordaje forense integral en la investigación del delito sexual: Es un método que integra el trabajo forense dentro del contexto específico de cada investigación judicial, para producir pruebas periciales idóneas que sean útiles para orientar y propiciar el ejercicio de la justicia y que generen conocimiento valioso para su administración o si sólo se basaron en los Informes Técnico Médico Legales, obviando el uso de pruebas periciales más contundentes como lo pueden ser los estudios de Biología y Genética Forense en casos en donde no hay evidencia física del delito. Hay que tener en cuenta que la aplicación de protocolos para el manejo de víctimas de violencia sexual y la recolección del material probatorio es de vital importancia y a pesar de encontrarse establecidos, existe una práctica vacía frente a la recopilación de ellas y de la contundencia de cada una en la definición o curso judicial de los casos. Existe una tendencia a reducir la investigación solo a las valoraciones médicas y a las pruebas testimoniales, desestimando otras pruebas que pueden ser imprescindibles en el esclarecimiento de los hechos. En este sentido, si el caso judicial depende casi exclusivamente de estas pruebas, su ausencia causaría impunidad puesto que si bien los informes técnicos médicos legales son importantes en el desarrollo de la investigación penal ya que ilustran la conducta punible desplegada por el sujeto activo de la acción penal, no son las únicas pruebas periciales contundentes y por si solo este informe puede traer incertidumbre que no se está valorando. Muchas lesiones en el himen y en otros tejidos genitales sanan completamente en el seguimiento a víctimas de violencia sexual sin dejar signos de lesiones previas. Por lo cual en casos donde un examen es realizado varios días, semanas o meses después del episodio que se sospecha de abuso sexual y no se encuentran signos claros de lesiones en los tejidos genitales la posibilidad de que estas hayan existido, no puede ser descartada. El problema de la violencia sexual es algo que involucra y exige el compromiso de muchas disciplinas y sectores para detectar y atender integralmente estos casos. Dada la complejidad del problema y teniendo en cuenta que ni el fiscal ni el juez tienen conocimiento directo de los hechos, por lo que el primero debe lograrlo mediante evidencias físicas e información legalmente obtenida y el segundo mediante las pruebas presentadas en la audiencia de juicio oral en desarrollo de los principios de inmediación, contradicción y publicidad. En los casos en que el asunto penalmente relevante incluye aspectos que superan el conocimiento corriente, puede ser necesaria la intervención de un experto para lograr que el conocimiento de los hechos sea el adecuado. Es en este punto donde se centra la presente investigación.

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