Evolución de los estados de excepción y otras formas de excepcionalidad en Colombia desde la Constitución de 1886 a 1991

Abstract

En la historia de Colombia, desde la Constitución de 1886, se ha contemplado dentro de la legislación nacional, diferentes modalidades o categorías de estados de excepción, cuya función principal, pero no la única, ha sido de otorgarle poderes especiales al ejecutivo nacional en aras de hacer frente a situaciones que ponen en grave riesgo la estabilidad social, económica y ecológica de la nación, poniendo en grave peligro a la comunidad y los Derechos Humanos (DD HH). Gracias a las declaraciones de estos estados, el gobierno ha podido establecer, incluso legislar, medidas especiales que le permiten controlar las situaciones problemáticas que se presenten y que atenten contra el orden legal y constitucional del país, concediéndole poderes especiales a sus organismos y entidades. Pero, como todas las instituciones legales del país, estos estados de excepción, que se conocían en vigencia de la Constitución de 1886 como Estado de Sitio, han evolucionado de acuerdo con los avances y las dinámicas de la ciencia jurídica moderna, por lo que se hace necesario que se hagan conceptualizaciones claras acerca de la forma como estos mecanismos han evolucionado a lo largo de la historia, hasta los que existen en la actualidad. A todo lo anterior, se le suman varios factores que pueden resultar problemáticos para la sociedad colombiana y que están sucediendo en la actualidad, los cuales, dadas ciertas circunstancias, podrían terminar en la declaratoria de un estado de 6 excepción: la problemática social y económica de la frontera colombo-venezolana podría desencadenar una crisis en la población nacional; la autorización del fracking en el territorio colombiano podría generar un impacto ecológico negativo que ocasione afectaciones ambientales graves; la creciente inestabilidad del proceso de paz en el escenario del posconflicto podría generar un recrudecimiento de la violencia. Por tanto, es necesario que se tengan en cuenta las evoluciones legislativas y constitucionales que sobre la materia versan, en aras de entender su aplicación, estructura y la relación costo beneficio que trae como consecuencia la instauración de un estado de excepción dentro del territorio nacional, dadas las condiciones sociales, económicas y políticas actuales en las que está inmersa la población colombiana, especialmente la más vulnerable. Otro de los aspectos que bien vale la pena estudiar, tiene que ver con las restricciones y requisitos que impone la Carta Política para la declaratoria de los estados de excepción, los cuales determinan el marco de acción de las instituciones gubernamentales. Ello en virtud que los gobiernos que han declarado estados de excepción en ciertas zonas del país, lo han hecho acudiendo a figuras como el terrorismo, la seguridad democrática, el narcotráfico, peligros ambientales, las protestas sociales y los paros nacionales, con lo cual han justificado la restricción de derechos fundamentales y sostener, en algunos casos lamentables, su accionar belicista. Implicando con ello, el uso desmedido de las facultades que los estados de excepción, por vía constitucional y legal, le otorgan al ejecutivo, violentándose las prerrogativas y los derechos de los asociados, sin que se presente solución real a las problemáticas sociales, políticas y económicas del pueblo colombiano.