Análisis al acuerdo de solución amistosa emitido por la comisión interamericana de derechos humanos para la reparación integral de las víctimas de Trujilllo como consecuencia de la masacre perpetrada en el año 1990

Abstract

The reality of some territories in Colombia due to the intangible presence of the armed conflict constitutes a serious problem that produces waves of repercussions that reveal a wide impact, not only at an economic, socio-political and material level, but also at a psychological and social organization level. This violence has been gestated in the country due to inequity and the lack of state presence not only through the public force, but also through policies, plans, programs and projects that allow improving the living conditions of the population. The Inter-American Commission on Human Rights has repeatedly expressed its conviction about the obligation of the Colombian State to make reparation to the victims individually considered, as well as to the population of Trujillo and to Colombian society socially and morally affected by the events that occurred in the year 1990. This project has been built with a greater willingness to know that it covers a prevalence issue that seeks to make visible the constant struggle of the victims of the armed conflict to overcome the problems of impunity in which the violent events in Trujillo find themselves, such as the prescription, the res judicata and other legal and institutional reasons that constitute this need to continue exploring ways that allow the acquisition of the guarantees contemplated in the regulations for the full enjoyment of the legitimate rights that shelter the victims of the armed conflict.

La realidad de algunos territorios en Colombia por la presencia intangible del conflicto armado constituye un grave problema que produce hondas de repercusiones que dejan ver un amplio impacto, no solo a nivel económico, sociopolítico y material sino también psicológico y de organización social. Esta violencia, se ha gestado en el país por la inequidad y la falta de presencia del estado no solo a través de la fuerza pública, sino también, a través de políticas, planes, programas y proyectos que permitan mejorar las condiciones de vida de la población. La Comisión interamericana de derechos humanos en reiteradas oportunidades ha expresado su convicción sobre la obligación del Estado colombiano de reparar a las víctimas individualmente consideradas, así como a la población de Trujillo y a la sociedad colombiana de manera social y moralmente afectadas por los hechos acontecidos en el año 1990. Este proyecto se ha construido con mayor disposición a saber que abarca un tema de prevalencia que busca visibilizar la lucha constante de las víctimas del conflicto armado para superar los problemas de impunidad en que se encuentran los sucesos violentos de Trujillo, tales como la prescripción, la cosa juzgada y otros motivos de orden jurídico e institucional que constituyen esa necesidad de continuar explorando vías que permitan la adquisición de las garantías contempladas en la normatividad para el goce a plenitud de los derechos legítimos que acobija a las víctimas del conflicto armado.