Holguín Tabarquino, Oriana Lucia2025-04-212025-04-212025Holguín Tabarquino, O. L. (2025). La edad de retiro forzoso en el servicio público: Implicaciones para los derechos fundamentales. Unidad Central del Valle del Cauca.http://hdl.handle.net/20.500.12993/4895ilustraciones, gráficos, tablasLa normativa sobre la edad de retiro forzoso en el servicio público colombiano ha suscitado un intenso debate debido a sus implicaciones en los derechos fundamentales de los empleados. Establecida en el Decreto Ley 2400 de 1968, esta normativa fija la edad de 65 años como límite para el ejercicio de funciones, lo que puede vulnerar derechos esenciales como el derecho al mínimo vital y la seguridad social. La Corte Constitucional ha señalado que la aplicación del retiro forzoso debe considerar las circunstancias individuales de los servidores públicos, evitando situaciones de desprotección económica. A pesar de las intenciones de promover la renovación generacional, muchos empleados se encuentran sin pensiones adecuadas al momento del retiro, lo que incrementa su vulnerabilidad. Este ensayo propone una revisión crítica de la normativa para garantizar que se respeten los derechos fundamentales y se logre un equilibrio entre las políticas laborales y la protección de los derechos humanos.PDF15 páginasapplication/pdfDerechos reservados - Unidad Central del Valle del Caucahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0La edad de retiro forzoso en el servicio público: implicaciones para los derechos fundamentalesjournal articleAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)info:eu-repo/semantics/openAccessInstname:Unidad Central del Valle del Caucareponame:Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Caucarepourl:https://repositorio.uceva.edu.co/Abierto (Texto Completo)Edad retiro forzosoDerechos fundamentalesMínimo vitalSeguridad socialhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2mandatory retirement ageFundamental rightsMinimum standard of livingSocial security.Forced retirement Age in the public service: implications for fundamental rights