Marco legal y políticas públicas en la transferencia y gestión de recursos estatales: Recursos para comunidades indígenas en Colombia

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La descentralización y la financiación directa del gobierno a las poblaciones aborígenes de Colombia presentan inconvenientes significativos. Las leyes y políticas, particularmente la Ley 80 y la Ley 2160, alteran el papel de estas comunidades en la obtención de recursos y la contratación con el estado. Usando una metodología socio-jurídica cualitativa, se analiza la legislación, tratados internacionales y estudios de caso para explorar los vínculos entre las comunidades indígenas y el marco regulatorio. La Ley 2160 de 2021 busca mejorar los roles contractuales de estas comunidades y fomentar la autogestión de recursos locales, aunque persisten desafíos de gobernanza, reconocimiento legal y acceso a recursos. A pesar de las disposiciones legislativas que promueven la inclusividad y autonomía, hay obstáculos significativos como la burocracia, la implementación confusa de políticas y la necesidad de ajustes continuos para satisfacer las necesidades de las comunidades. Se proponen mejoras en transparencia y participación comunitaria en la gestión de recursos. El presente artículo reconoce tanto los avances como los obstáculos en la relación entre el marco legal, las políticas públicas y la gestión de recursos por parte de las comunidades indígenas en Colombia, abogando por una reforma legislativa continua para garantizar una gestión efectiva de los recursos.

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