Especialización en Derecho Administrativo

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Especialización en Derecho Administrativo

Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas

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La Administración Pública y su responsabilidad en la protección con los Derechos Humanos en Colombia
(2025) Henao Martínez, Jhonny Steban
El presente artículo tiene como propósito analizar las estrategias y mecanismos implementados por las entidades estatales, a través de la Administración Pública, para cumplir su función como garante de los derechos humanos y asegurar su efectiva salvaguarda. Este análisis busca evidenciar el compromiso institucional y la responsabilidad inherente del Estado en la promoción, protección y defensa de estos derechos, los cuales constituyen un pilar esencial del orden jurídico y político, garantizando su disfrute pleno por parte de los ciudadanos. Así, se pretende evaluar la efectividad de estas acciones en el contexto colombiano y los desafíos que enfrenta su implementación. El texto aborda tres ejes fundamentales relacionados con la responsabilidad de la Administración Pública en la protección de los derechos humanos en Colombia: los mecanismos, las garantías y la eficacia de su accionar. Se analizan, en primer lugar, las disposiciones normativas y tratados internacionales vigentes que fundamentan las acciones del Estado en este ámbito. En segundo lugar, se examina el rol de las instituciones estatales como garantes y protectoras de los derechos humanos, evaluando las políticas públicas, programas de prevención, reparación y atención implementados para este fin. Finalmente, se contextualiza la eficiencia del accionar de la Administración Pública en su calidad de representante del Estado, destacando su capacidad para garantizar la protección integral de los derechos humanos en un marco de legalidad, justicia y equidad. Este análisis integral permite identificar fortalezas, debilidades y desafíos en la gestión estatal para la promoción y defensa de los derechos fundamentales.
El laboratorio de paz para jóvenes y su abordaje desde las instituciones Estatales
(2025) Alvarado Rodríguez, Yeison
El artículo "Laboratorio de Paz para Jóvenes" analiza la creciente violencia juvenil en Colombia, un problema persistente a pesar de los avances logrados tras el Acuerdo de Paz de 2016. Las alarmantes estadísticas sobre maltrato y abuso sexual infantil reflejan la gravedad de la situación. En respuesta, se presenta el Laboratorio de Paz para Jóvenes, una iniciativa del Gobierno Nacional que tiene como objetivo proporcionar a las jóvenes herramientas para resolver conflictos de manera pacífica y fomentar una cultura de paz. Este laboratorio se enfoca en desarrollar programas que fortalezcan habilidades para la vida y promuevan estrategias preventivas contra la violencia. Para su efectividad, es esencial una colaboración activa entre diversas instituciones gubernamentales y el fortalecimiento de políticas públicas que aseguren acceso a educación, salud y oportunidades laborales para los jóvenes. El artículo enfatiza la necesidad de un enfoque integral y multisectorial para enfrentar esta problemática compleja. Además, se revisan antecedentes tanto internacionales como nacionales sobre la educación para la paz, destacando cómo han cambiado las percepciones de paz entre los jóvenes afectados por el conflicto armado. Se introducen conceptos clave como paz positiva y estructural, que subrayan la importancia del diálogo y el reconocimiento de las diferencias culturales en el proceso de construcción de paz. La investigación utiliza métodos cualitativos y cuantitativos para evaluar experiencias previas en laboratorios similares, proponiendo un enfoque hermenéutico que permita interpretar las dinámicas sociales y educativas involucradas. En conclusión, el artículo resalta la necesidad de un compromiso firme del Estado en la implementación efectiva del Laboratorio de Paz para Jóvenes como una estrategia crucial para reducir la violencia juvenil y promover una cultura pacífica en Colombia.
Acciones Institucionales para la Protección de los Derechos de la Infancia en el Valle del Cauca
(2025) Gaviria Clavijo, Oscar Mauricio; Llano, Jairo Vladimir
En el Valle del Cauca, Departamento de Colombia, se han llevado a cabo diversas iniciativas significativas con el objetivo de impulsar y salvaguardar los derechos de los menores, como ‘’Niños, niñas y adolescentes’’ mediante la implementación de varias políticas gubernamentales. Entre las más destacadas se encuentran como se estipula por sus siglas ‘’la Política Pública de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Familia’’ (PPIIAF) y la ‘’Política de Juventud’’. Esta última fue formalizada mediante la Ordenanza 0286 de 2009, y ambas buscan garantizar que: -Los menores de la región tengan acceso a los derechos fundamentales que les permiten un desarrollo integral y una calidad de vida óptima-. "Estas políticas han sido diseñadas siguiendo enfoques que priorizan la garantía de derechos, la perspectiva diferencial y el enfoque poblacional, en línea con las directrices establecidas en la legislación nacional" (Gobernación del Valle del Cauca, 2023). Esto significa que las políticas han sido adaptadas para atender las necesidades específicas de cada grupo de la población infantil y juvenil, teniendo en cuenta factores como la diversidad cultural y las distintas realidades socioeconómicas de la región. A finales de 2023, el departamento del Valle presentó rindió cuentas donde detalló el avance alcanzado en los temas de infancia, adolescencia y juventud durante el período 2019-2022. Este informe es fundamental porque permite conocer los logros y avances concretos alcanzados en estas áreas, brindando una visión clara de cómo se han ejecutado los programas y proyectos que se proponen para se garantice el bienestar de las niñas, niños y adolescentes. "Este documento destaca los logros obtenidos a través de las iniciativas y proyectos ejecutados, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo integral y el bienestar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la región" (Gobernación del Valle, 2023). Entre lo más relevante de este informe se destacan las mejoras en la infraestructura educativa, el acceso a servicios de nutrición y la salud; las iniciativas encaminadas a prevenir la violencia y el abuso de los niños. El siguiente artículo se centra en examinar las iniciativas implementadas, considerando los resultados alcanzados en los últimos años. Este análisis no solo ofrece una base para valorar los progresos de la Gobernación en la protección y promoción de los derechos de los menores, sino que también facilita la evaluación del impacto de estas medidas en la calidad de vida de los niños y adolescentes del Valle del Cauca. El estudio busca hacer un balance de los esfuerzos realizados y señalar áreas en las que aún se puede mejorar para continuar avanzando en la plena garantía de los derechos de la infancia y adolescencia en la región.
Impacto del neoconstitucionalismo en el medio de control de reparación directa en Colombia
(2024) Lozano Jiménez, Juan Pablo
La reparación directa en un medio de control que encuentra sus antecedentes más antiguos en el Decreto 01 de 1984, mediante el cual se reconoció el deber en cabeza del Estado de resarcir el daño causado a cualquier persona, por su acción u omisión, disposición que inicialmente no encontró respaldo constitucional en la carta maga de 1886. Pero que, tras adopción de la Constitución Política de 1991, en su art. 90 quedo expresamente consagrada, en virtud del cual se fundamentó su actual regulación normativa, regulada por el art. 140 de la Ley 1437 de 2011, la cual no realizo modificaciones muy profundas en comparación con el anterior régimen aplicable, resaltándose como una de sus novedades más significativas la estipulación del daño antijurídico como la génesis de la responsabilidad patrimonial estatal. De conformidad a este planteamiento legal, se indago por los fundamentos y características marcadas de la teoría del neoconstitucionalismo, de conformidad a la cual las disposiciones constitucionales deben aplicarse de manera preponderante sobre todo el sistema y ordenamiento jurídico, reconociéndose un especial protagonismo al juez constitucional, que mediante la ponderación de principios y derechos fundamentales debería garantizar el bienestar de las personas ante los casos que puntualmente se conocieran. Lo anterior, con el propósito de analizar la influencia o impacto que generaría este planteamiento teórico en el ejercicio de dicho derecho de acción, el criterio de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado al respecto, por ende se analizaron dos (02) importantes pronunciamientos de estos altos tribunales, consistentes en las Sentencias T-026 de 2022 y 02670 de 2018, respectivamente, las cuales fueron descritas en su aspecto factico, argumentativo y posteriormente estudiadas desde los planteamientos de la teoría del neoconstitucionalismo.
Eficacia jurisprudencial en reparación de víctimas por ejecuciones extrajudiciales en Colombia
(2025) Giraldo Castro, Héctor Mario; Arias Grisales, Juan David
El presente estudio se desarrolló con el fin, primeramente, de identificar los casos que pueden ser considerados como ejecuciones extrajudiciales, los cuales, en el ámbito local llamamos falsos positivos. También se detalló todo el entramado realizado para su materialización con el fin exclusivo de conseguir beneficios, y que ha sido determinado desde políticas estatales con la determinación de altos mandos militares, para que fuese realizado por subalternos a manera de manual. Así mismo, el estudio se ocupa de la reparación a las víctimas que a través del tiempo, se realizó inicialmente con la mera reparación de tipo resarcitorio hasta la reparación integral; en ese tránsito se revisaron los aportes que realizó en inicio constituyente, seguido del legislador con disposiciones como la Ley 288 de 1996 y la Ley 1448 de 2011, pasando a las consideraciones adoptadas por la Corte Constitucional, con las que se logra llegar a la reparación integral que contiene medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Teniendo claro lo anterior, el estudio se dirigió a la reparación para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, aquí se determinó a la vida como valor jurídico vulnerado, también de como las decisiones judiciales deben estructurarse con una adecuada argumentación jurídica, para con ello tomar las decisiones de reparación que, como se mostró, ha tenido una marcada evolución desde la responsabilidad de tipo patrimonial de contenido exclusivamente económico, pasando por la responsabilidad administrativa donde se dan inicialmente medidas de reparación, y con ello llegando a la responsabilidad por los daños antijurídicos, con la que se concede una eficaz reparación integral a las víctimas, con contenido individual y social.
Control fiscal y social para combatir la corrupción en el territorio Colombiano
(2025) Cerquera Castillo, Harold Fernando
A lo largo de esta investigación se indagó el Control fiscal y social en la lucha contra la corrupción desde los territorios en Colombia, para lograr dicho propósito se partió por abordar la normatividad que regula esta situación, destacando leyes anteriores a la expedición de la actual Constitución Política de 1991, las cuales sirvieron de pilar para el posterior desarrollo de la gestión pública, en este sentido se enfatizó en el marco constitucional que plasmó los fundamentos de la Contraloría General de la Republica en contra de la corrupción y la protección del presupuesto público, entre otras importantes disposiciones como la desconcentración de funciones, y la creación de contralorías departamentales y municipales. Entre otros aspectos relevantes, como la expedición del Acto Legislativo 04 de 2019, en virtud del cual se pretendió ampliar las funciones de la contraloría en materia de control fiscal, entre estas la atribución de funciones de policía judicial, mayores facultades para el proceso de cobro coactivo, además del discutido control preventivo, destinado a crear el sistema de alertas tempranas de la Contraloría con el propósito de prevenir a los ordenadores del gasto público de incurrir en prácticas indebidas y constitutivas de corrupción. Seguido a esto, se buscó analizar el efecto que en la realidad ha tenido este marco normativo desde el control social, con la creación y acción de las veedurías, y el control fiscal desde los territorios en contra de la corrupción, para lo cual se abordaron diferentes fuentes documentales, de las que se extrajeron cifras, conceptos y criterios que a postre fueron analizadas desde un enfoque crítico.
Recursos económicos internacionales: el caso de la migración venezolana en Colombia
(2025) Galindo García, Lina Marcela
Este artículo analiza el caso de la migración venezolana, en la cual han sido determinantes los recursos económicos de carácter internacional, así como la inversión económica gestada por parte del Gobierno Nacional para el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes venezolanas, acorde a las exigencias del Derecho Internacional y las orientaciones constitucionales. La migración venezolana hacia Colombia se caracteriza por tener múltiples causas, y para su atención aún se siguen necesitando recursos que permitan la implementación de estrategias para la defensa de los derechos humanos de los migrante presentes en todo el territorio nacional. Precisamente iniciando desde una revisión bibliográfica sobre el recurso económico para la atención de la crisis migratoria en el país, se conoce que la situación de inversión del recurso monetario en favor de la población venezolana ha sido importante, lo paradójico es que pese al incremento de los índices o cifras estadísticas cada vez la presencia de venezolanos en el territorio se intensifica, particularmente en las capitales de ciudades principales. Principalmente Colombia se ha destacado frente a los países latinoamericanos, debido al cumplimiento de la protección en salud y servicios a la población migrante venezolana a prologarse por un largo tiempo en virtud del Estatuto de Protección temporal, pero aún dada esta acción, se identifica la necesidad de mayor despliegue por parte de las autoridades nacionales para la toma de acciones y respuestas oportunas. Simultáneamente hoy se consolidan en el país algunas Organizaciones No Gubernamentales, que intervienen en el apoyo a los hermanos venezolanos.
Desigualdad laboral entre trabajadores oficiales y empleados públicos en Colombia
(2024) Valencia Rodriguez, Juan Eduardo
El objetivo de este artículo es identificar las principales diferencias que existen entre los trabajadores oficiales y los empleados públicos en el marco normativo y conceptual colombiano, estableciendo un especial énfasis en los aspectos que generan desigualdad en sus condiciones laborales; En Colombia, esta diferenciación implica que cada categoría de servidor público esté regido por normativas y estatutos específicos, lo cual afecta directamente derechos y beneficios tales como la estabilidad laboral, el acceso a aumentos salariales, y la participación en políticas de bienestar y promoción profesional; A lo largo de ese análisis, se examinarán los factores legales e institucionales que perpetúan esta desigualdad, destacando cómo las políticas de contratación, el alcance de los convenios colectivos, y las limitaciones en la movilidad entre sectores impactan de manera negativa en los trabajadores oficiales, en comparación con sus pares del sector público. Además de identificar estas diferencias, el artículo se enfoca en proponer medidas que puedan cerrar la brecha existente; Para ello, se sugieren estrategias de reforma normativa que garanticen mayor equidad y acceso a derechos similares para ambos grupos, la investigación, propone revisar y armonizar los marcos legales vigentes, con el fin de establecer condiciones laborales más justas y reducir la segmentación laboral dentro del ámbito público; Así, el artículo no solo contribuye a la discusión académica sobre desigualdad en el empleo público, si no que también plantea soluciones prácticas que podrían mejorar el panorama laboral administrativo en Colombia, que como bien se ha determinado en su marco normativo, no ha sido actualizado y actualmente se encuentra en un estado de desactualización que necesita una especial intervención por parte de la rama legislativa.
Alerta temprana y responsabilidad extracontractual del Estado, frente al rol de la Defensoría del Pueblo en Colombia
(2024) Salazar Torres, Mauricio Alberto
La protección de los derechos civiles en Colombia es un tema crítico, especialmente en áreas afectadas por actores armados ilegales. La Corte Constitucional, a través de la sentencia C – 039 de 2020, resalta el papel crucial de la Defensoría del Pueblo en la emisión de alertas tempranas para prevenir daños a la población civil. Sin embargo, la efectividad de estas alertas y la responsabilidad del Estado ante posibles omisiones han suscitado debate. Se tiene que entre 2019 y 2023, se emitieron 102 alertas tempranas, de las cuales 67 resultaron en actos de violencia que impactaron a 1,234 personas, incluyendo a 232 líderes sociales. Esto pone de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección civil en contextos vulnerables. La Defensoría tiene el mandato constitucional de proteger los derechos humanos y prevenir violaciones graves, utilizando las alertas como una herramienta para identificar riesgos y movilizar a las autoridades competentes. Por lo que el Estado colombiano tiene la obligación de garantizar la seguridad y bienestar de su población; en caso de fallas en esta responsabilidad, puede enfrentar responsabilidad extracontractual. Esto implica que las víctimas pueden demandar al Estado por hechos violentos que podrían haberse evitado mediante una adecuada implementación de las alertas tempranas. Por lo tanto, es esencial que exista una articulación efectiva entre las alertas y la responsabilidad estatal para mejorar la protección de los derechos civiles.
Estado social de derecho y mínimo vital para adultos mayores en Colombia
(2025) Vélez López, Isabella
Este artículo examina la implementación de las garantías del mínimo vital para los adultos mayores en Colombia, desde la perspectiva del Estado Social de Derecho. Se abordan las garantías y desafíos de los derechos fundamentales de los adultos mayores, así como las políticas públicas diseñadas para su protección, destacando la "Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez" y el programa "Colombia Mayor". A través de un enfoque metodológico hermenéutico jurídico, el artículo interpreta la Constitución y la jurisprudencia para comprender cómo se garantiza el derecho al mínimo vital. A pesar de las políticas existentes, se identifica que las condiciones materiales de los adultos mayores siguen siendo insuficientes, especialmente en las zonas rurales, donde persisten altos niveles de pobreza y falta de acceso a servicios básicos como salud, vivienda y alimentación. Este panorama revela una desconexión entre la normativa y su implementación real. Además, el análisis subraya la importancia de un enfoque pluralista en la interpretación de los derechos fundamentales, considerando la interacción entre las normas locales, nacionales e internacionales. Finalmente, el artículo concluye que, aunque se han logrado avances en la protección de los derechos de los adultos mayores, es urgente mejorar la efectividad de las políticas y asegurar su implementación efectiva en todos los niveles de la sociedad, para garantizar un mínimo vital adecuado que permita una vida digna para este grupo poblacional.
Control estatal sobre las licitaciones y la contratación pública en Colombia
(2024) Raigosa Gutiérrez, Juan Sebastián
El presente artículo analiza la problemática de la corrupción en la contratación pública en Colombia, una situación que compromete gravemente la transparencia, la eficiencia administrativa y la confianza ciudadana en la gestión estatal. A través de un enfoque hermenéutico basado en análisis documental, se identifican las dinámicas que perpetúan estas prácticas ilícitas, los retos enfrentados por las entidades de control y las oportunidades de mejora en los mecanismos existentes. Se abordan tres aspectos principales: los desafíos estructurales y operativos que dificultan el control estatal, como la discrecionalidad, la falta de recursos técnicos y humanos, y la influencia indebida de actores políticos y económicos; la efectividad de las sanciones por incumplimiento contractual, subrayando la necesidad de procesos ágiles, sanciones proporcionales y mayor transparencia para lograr un impacto disuasorio; y, finalmente, las causas de la corrupción y las estrategias para combatirla, resaltando la importancia de fortalecer la capacitación de los funcionarios, optimizar los sistemas de información y fomentar una cultura de integridad en todos los niveles. Aunque Colombia cuenta con un marco normativo robusto, su implementación se ve limitada por debilidades institucionales y operativas, lo que impide alcanzar los objetivos deseados. Ante esta realidad, el artículo propone una estrategia integral que articule reformas legislativas, fortalecimiento institucional y promoción de la ética pública como pilares fundamentales para mitigar los efectos de la corrupción. Solo mediante estos esfuerzos conjuntos será posible garantizar una gestión transparente y eficiente de los recursos públicos, reduciendo los riesgos de prácticas ilícitas que tanto afectan el desarrollo del país.
Figura de hecho superado en la Acción de Tutela como defensa de los Entes Administrativos
(2024) Montes Serna, Sebastian
En este artículo se analiza la figura de hecho superado en la Acción de Tutela como defensa de los Entes Administrativos en el ordenamiento jurídico Colombiano, partiendo de la hermenéutica jurídica como método para el correspondiente análisis y en este sentido conocer el tratamiento e importancia de ésta, que genera como resultados en primer lugar, la identificación de los elementos desde la doctrina para la configuración del hecho superado, la cual parte de la investigación bibliográfica en varios estudios que han abordado sobre esta temática. En segundo lugar, la relación de los argumentos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado frente al hecho superado en la Acción de Tutela, que comprende las premisas de las mencionadas corporaciones en sus jurisprudencias. En tercer lugar, la determinación de la eficacia de la figura de hecho superado en la Acción de Tutela como defensa de los Entes Administrativos partiendo de información suministrada por la oficina asesora jurídica de la Alcaldía del municipio de Tuluá (Valle), respecto de las acciones de tutela por hecho superado en el periodo del 01 de marzo al 01 de noviembre del 2024. Se estudia la temática desde la importancia legal de la acción constitucional para el logro de la justicia y en la estructura del modelo constitucional y democrático de derecho, el cual concibe la relevancia de la supremacía constitucional y la protección de derechos fundamentales de las personas frente al actuar de los entes administrativos, por lo que se trae a colación en este estudio los conceptos de neoconstitucionalismo y constitución democrática.
Responsabilidad del Estado en la gratuidad de la Educación Superior en Colombia
(2022) Barreto Gonzalez, Maria Jose
Después de un largo tiempo en el cual la educación superior en Colombia era un privilegio de ciertas clases socio económicamente solventes, el Estado asumió la responsabilidad de brindar la opción de una gratuidad educativa superior que facilitara ese acceso, casi imposible antes, a la academia de nivel superior. Se experimentó inicialmente con un modelo llamado Ser pilo paga, que descubrió sus virtudes, pero también sus profundas fallas excluyentes y discriminatorias para pasar a la vigencia actual de un modelo denominado matricula cero, que lucha por perfeccionarse y brindar realmente bondades a los estudiantes y no solamente a los entes universitarios. El propósito de este artículo es concluir que lo más importante es examinar la validez y eficacia real de los programas propuestos por el gobierno con relación a la gratuidad educativa superior. Si se considera la perspectiva administrativista del derecho como una suerte de subsistema de un tejido jurídico completo que tiene mutaciones continuas y de algún modo ofrece adaptaciones y retroalimentación con aquello que lo rodea, este permite ver conexiones que, utilizando un abordaje de enfoque jurídico, aparecerían con dificultad, enfatizando la perspectiva de esta modalidad para el control de la calidad y eficacia de políticas públicas.
Reconocimiento de los cabildos indígenas urbanos por administraciones municipales en el Valle del Cauca
(2024) Varón Álvarez, Lina Marcela
El artículo analiza el complejo proceso de reconocimiento de los cabildos indígenas urbanos en el Valle del Cauca, Colombia. Una encuesta de la ONIC revela que el 78% de estos cabildos no han sido reconocidos oficialmente. Los principales obstáculos incluyen la falta de voluntad política, el desconocimiento legal y los requisitos complejos para el reconocimiento. A pesar de sentencias de la Corte Constitucional que respaldan los derechos indígenas, como la C-047 de 2022 y la T-455 de 2022, su implementación sigue siendo limitada. El artículo destaca la importancia de las alianzas interculturales y la participación de las comunidades en la defensa de sus territorios, especialmente frente a amenazas como la minería ilegal. Se concluye que es esencial fortalecer la voluntad política, simplificar los requisitos legales y proporcionar apoyo financiero para lograr un reconocimiento efectivo de los cabildos indígenas urbanos. Esto aseguraría el disfrute absoluto de sus derechos y el desarrollo sostenible para sus comunidades. Es necesario indicar que la investigación se cimenta en la teoría del constitucionalismo global de Ferrajoli, que aboga por una protección universal de los derechos humanos y del medio ambiente. Este enfoque busca trascender los límites del Estado-nación y establecer mecanismos de protección de derechos a escala global, respondiendo a los desafíos actuales y fortaleciendo el derecho internacional.
Plan de formalización del empleo público en equidad para municipios pequeños en Colombia
(2024) Calle Bedoya, Jhonn Henry; Arias Grisales, Juan David; https://orcid.org/0000-0001-7851-7438
Colombia adoptó medidas para enfrentar fenómenos económicos y sociales globales que afectaron al país. La política de austeridad buscaba reducir los gastos del estado en funcionamiento y redirigirlos a la inversión social, sin detener los programas de asistencia social para la población vulnerable. Una de estas medidas fue la reestructuración organizacional de todos los municipios, que ya no podían soportar la carga burocrática. Se redujo significativamente la cantidad de empleados públicos, aunque la demanda de servicios del estado seguía aumentando debido al crecimiento poblacional. En los 1.123 municipios y 32 departamentos de Colombia, aproximadamente el 80% son pequeños municipios que han implementado reformas administrativas para reducir la carga burocrática y destinar más recursos a la inversión social. El presente artículo analiza las medidas gubernamentales para garantizar la función pública y la atención de las demandas de bienes y servicios del estado. Se observa cómo los municipios de las categorías 4 a 6, con poco personal de planta, dependen de los contratos de prestación de servicios, lo que fomenta prácticas clientelistas y burocráticas, conduciendo a actos de corrupción que perjudican a quienes buscan acceder a cargos del estado mediante la meritocracia. Palabras Claves: Acceso, Carrera, Categorías, Equidad, Empleo, Formalización, Informalidad, Meritocracia, Público.
Derecho fundamental a la educación impacto administrativo en las instituciones de educación superior públicas colombianas
(2024) Madrid Quevedo, David Alexis; Ricardo Ladino, Juan Carlos; https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000886130; https://orcid.org/0000-0003-3565-3987
La educación como derecho, en la Republica de Colombia, que desde 1991 ha sido enmarcada de rango constitucional, ha sido reglamentado través leyes ordinarias, y ha gozado de protección a través de los administradores de Justicia, ha tenido un campo de aplicación reducido, concentrándose en los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria y media técnica o académica, situación que con el trasegar a lo largo de las décadas, la ampliación de conocimiento de otros países, ocasiono un punto de quiebre, que ha dejado entrever la importancia de procurar una aplicación de mayor envergadura, ampliando a los niveles de profesionalización, es decir educación superior e incluir aquellos como los de educación por competencias laborales. Arrojando sus beneficios, tanto para los habitantes del país, como para el Estado mismo, como sinónimo de desarrollo y progreso. Sin embargo esto representa una serie de retos que se deben superar para minimizar un impacto en el normal desarrollo de las instituciones de educación superior.
Debido proceso sancionatorio por infracción a la Norma de Tránsito
(2024) Jiménez Vasco, Santiago
El presente artículo aborda la temática relacionada con las infracciones a la norma de tránsito, buscando identificar o determinar los alcances que tiene el debido proceso cuando se presentan contravenciones por violación a la misma. En ese propósito, se fija como objetivo general la determinación de esa aplicación juiciosa de la ley, y tres objetivos específicos en torno a la identificación de los principios constitucionales y legales que deben interpretarse y aplicarse en esas circunstancias, el cómo se desarrolla el derecho a la defensa por parte de los presuntos infractores, y la mención o abordaje a las etapas del proceso contravencional por infracciones a tal norma. Se exponen de forma transversal los elementos que dan respuesta a los mismos para finalmente extraer las conclusiones respectivas, todo bajo una metodología deductiva de tipo cualitativo y descriptivo
Desconocimiento del debido proceso administrativo en los entes territoriales municipales en Colombia
(2024) Arboleda Osorio, Alexander; Arias Grisales, Juan David; https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000161514; https://orcid.org/0000-0001-7851-7438
El propósito del presente artículo es indagar documentalmente sobre el debido proceso administrativo, su desconocimiento y la claridad que existe por parte de la Constitución Política de Colombia y las altas cortes sobre su aplicación cuando se trata de los entes territoriales municipales en Colombia. Estos elementos harán referencia a los procesos, alcances y limitaciones de esta figura del derecho en sus actuaciones administrativas desde una perspectiva doctrinal de la legislación y la jurisprudencia en Colombia. Así, se limitará su alcance al principio del debido proceso en los procedimientos administrativos solamente de los entes territoriales municipales del país; seguidamente, en él se pueden dar las garantías para la protección del derecho fundamental al debido proceso en las acciones administrativas relacionadas con los entes territoriales; y, por último, se hará un análisis sobre el debido proceso, teniendo en cuenta lo que al respeto han dicho las altas cortes y que tipo de limitaciones sobre este derecho se ha venido dando dentro de las actuaciones administrativas.
Responsabilidad estatal por lesiones personales entre personas privadas de la libertad
(2024) Cerquera Gutiérrez, María José; Mora Campo, Harold Edmundo; https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000520730; https://orcid.org/0000-0003-4229-5372
Mediante este escrito se parte por analizar el impacto que la globalización del derecho generó en los Estados latinoamericanos, entre ellos Colombia, al difundir teorías importantísimas como la del neoconstitucionalismo de conformidad a la cual la Constitución es el eje central de todo el ordenamiento jurídico, por ende, toda la normatividad, decisiones y actuaciones que se ejecuten dentro de su jurisdicción deben obedecer a sus lineamientos y directrices. Como lo son la dignidad humana, art. 1, inviolabilidad de la vida, art. 11, prohibición de tortura, art. 12, entre otras. En este mismo sentido, se analiza cómo el constituyente previó el régimen de responsabilidad estatal cuando se encontrara que al Estado le eran imputables daños antijurídicos en contra de estas prerrogativas, por su acción u omisión, el cual fue desarrollado en el medio de control de reparación directa de que trata el art. 140 de la Ley 1437 de 2011, figura jurídica a la que podían acudir las personas que se considerarán lesionadas en sus derechos. Al igual que las personas privadas de la libertad, puesto que desde el momento en el que son capturadas se les deben reconocer y garantizar la protección de sus derechos fundamentales, pues por el hecho de haber sido condenados y privados de su libertad no pierden el derecho a que le sean garantizados otros derechos como la vida y la dignidad humana, los cuales son intrínsecos a su condición humana, esto de conformidad al criterio de la Corte Constitucional mediante su sentencia T-560 de 2016. Así las cosas, el Estado ante esta población adquiere una posición garante, debiendo proteger su integridad, de tal manera que todo hecho u omisión que les genere algún daño antijurídico es imputable por falla en el servicio al ente estatal, asistiéndole la obligación de redimir el perjuicio causado.
Análisis de la jurisprudencia constitucional y administrativa sobre los derechos de la naturaleza en Colombia
(2024) Jaimes Rubio, Claudia Patricia; Arias Grisales, Juan David; https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000161514; https://orcid.org/0000-0001-7851-7438
El reconocimiento jurídico de la naturaleza como sujeto de derechos en Colombia, se refuerza particularmente a través de la sentencia emitida por la Corte Constitucional T-622 de 2016 que trató el tema de la contaminación del Rio Atrato y como este hecho afectó significativamente las comunidades aledañas pero especialmente al mismo rio, sentencia que representó un avance significativo en la jurisprudencia ambiental al ser un reflejo de un movimiento global que busca redefinir la relación entre la sociedad y el medio ambiente. Partiendo de lo anterior, los "Derechos de la Naturaleza" o "Pachamama” corresponden a un concepto que ha ganado preeminencia en el discurso legal y ambiental internacional, reconociendo que los elementos naturales poseen derechos fundamentales similares a los derechos humanos. Un ejemplo notable es la Constitución de Ecuador de 2008, que fue la primera en reconocer estos derechos explícitamente. Este enfoque, que se ha visto reflejado en diversas legislaciones y constituciones alrededor del mundo, ha marcado un cambio paradigmático en la ley ambiental y la política de conservación. Actualmente, el concepto de los derechos de la naturaleza desafía la visión antropocéntrica tradicional del derecho y promueve una visión biocéntrica o ecocéntrica. Los defensores del medio ambiente argumentan que este enfoque es esencial para abordar la crisis ecológica actual, ya que reconoce el valor intrínseco de la naturaleza más allá de su utilidad para los humanos.

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